La evidente condición de sordera y ceguera que padece el gobierno ante un problema socio ambiental de tal importancia, solamente refleja el desinterés del Ejecutivo por su población. Sí, es cierto que el presidente Martín Vizcarra ha declarado ante la prensa que Southern Perú no iniciará con las actividades mineras de no tener el consenso social, pero el hecho de mandar policías y militares a “salvaguardar y velar por la seguridad” del pueblo ante las protestas en Islay, solo acentúa más la violencia y el pánico. Más aún cuando hay represión desmedida por parte de las “fuerzas del orden”, que solamente siguen órdenes de un gobierno vendido a las empresas multinacionales, dejando de lado la voz y autonomía que tienen los pobladores sobre su localidad. Si un pueblo, desde un principio, no se muestra de acuerdo con los planes extractivos que tiene planeado el gobierno en su localidad, se debería apelar al diálogo y la comunicación sincera y directa con ellos, no a la represión y la violentación de las manifestaciones, derecho primordial de todo ciudadano. Ellos protestan por la contaminación, no solo del agua, también de las tierras y del aire, insumos naturales primordiales para la agricultura, principal sustento económico de la población. El supuesto progreso e inversión que no beneficie a ambas partes no debería ser considerada como una alternativa viable. Más inversión, ¿pero a costa de qué?
Comentarios